El libro “Ciudades Posibles. Apuntes para el debate de la Nueva Constitución en Chile”, editado por Crítica Urbana, fue presentado en una actividad organizada por la Facultad de Arquitectura que contó con las exposiciones de Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura, Ana Sugranyes, Pablo Trivelli y la coordinadora de la publicación Maricarmen Tapia.

La actividad fue inaugurada por el decano Juan Luis Moraga, quien destacó “la importancia de este tipo de encuentros porque demuestran la preocupación sobre lo que viene, donde las universidades no pueden estar ausentes en temas importantes como ciudad, constitución y sostenibilidad. Estamos frente a una responsabilidad mayor y esperamos de nuestros expositores sus ideas fundamentales para un proceso mayor que iniciaremos dentro de muy poco”.

La primera en exponer fue Maricarmen Tapia, arquitecta, doctora en Urbanismo por la Universitat Politècnica de Catalunya con el tema “Principios y derechos para un modelo urbano y territorial justo”, donde señaló que “el conocimiento es emancipador porque generar cambios. Este libro lo hicimos en 2020 como una forma de entender que la ciudad es el lugar donde se configuran los derechos, principios y obligaciones que debieran estar en la nueva Constitución, así como también la necesidad de analizar la relación con la naturaleza, repensar la ciudad y el territorio. La discusión constitucional debe estar enfocada en cómo queremos vivir y desde la disciplina de la arquitectura debemos aportar a la Constitución la ciudad que queremos”.

Posteriormente fue el turno de Ana Sugranyes, arquitecta y doctora en políticas habitacionales, con la temática “Derechos Humanos en la ciudad y el territorio”. En su exposición comentó que “los atropellos a los DDHH que se han dado en las dictadura civil y militar son complejos, porque abordan temas económicos, sociales, culturales, ambientales y en este caso se requiere avanzar hacia una formulación no solo al derecho de la vivienda, sino al derecho de la ciudad, ya que la dignidad humana es el sinónimo al concepto de los DDHH en la era global, los cuales tienen una  connotación colectiva, comunitaria, construidos desde la sociedad, no desde el Estado. Todas las personas deben tener derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad, que es muy diferente a un título de propiedad”.

En tanto, Pablo Trivelli, economista de la Universidad de Chile, Ph.D. Economía U. de Cornell y editor del Boletín de Mercado de Suelo Urbano en Santiago desde 1982, presentó el tema “La propiedad de la tierra en la vida de las ciudades”, explicando que “en la producción de un suelo urbano amplio, intervienen infinitos actores públicos y privados a través de la dinámica del mercado con personas e instituciones buscan el lucro, pero donde el Estado debe generar ciudad y orientar el desarrollo. El suelo urbano es más que un esfuerzo individual, es una producción colectiva, el precio de un terreno depende de lo que pase afuera y nada de lo que pase adentro, lo que permite distinguir entre los retornos a las inversiones y la plusvalía. Tenemos una tensión entre el tema público y el derecho privado, para entender la ciudad y formar políticas para la ciudad, la mayor parte de la ciudad es privada, pero la esencia humana es lo público”.

La conferencia finalizó con la presentación de Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura 2018-2020 y director ejecutivo de CORMU durante la Unidad Popular, con el tema “Fulgor y muerte de la Villa San Luis”, quien relató con detalle el proceso de construcción de un conjunto de 27 bloques de viviendas sociales en 1971, durante el programa habitacional de Salvador Allende.

Lawner contó que “elegimos el sector de Las Condes, el mejor terreno urbano de esa época, para resolver las demandas de los sectores sin casa, cambiamos la legislación introduciendo el concepto de urgencia habitacional y asignamos el primer programa habitacional para establecer a un grupo de familias en diciembre de 1972. Cuando llegó el Golpe Militar estaban todos instalados, pero en 1976 la dictadura se apropió del bien raíz y expulso a todas las familias, los últimos fueron expulsados en diciembre de 1978 en condiciones inconcebibles. El ejército se apropió ilegítimamente de un bien raíz asignado a las familias y lo mantuvo durante toda la dictadura. Al regresar del exilio 1984 visité la villa y su aspecto era deplorable”.

“En 1991, en pleno gobierno de Patricio Aylwin, el Ministerio de Bienes Nacionales legitimó el despojo de los pobladores y asignó los bloques y el terreno al ejército. En 1997 Pinochet anunció la venta del conjunto a una inmobiliaria a un precio mucho menor de su valor y luego en una ceremonia el entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín procedió a la demolición de los bloques. Es una historia increíble, estuve presente, sólo dos bloques sobrevivieron, por lo que organizamos La Fundación Villa San Luis e iniciamos los contactos con las familias erradicadas para  defender los bloques. En 2017, fueron declarados Monumento Nacional y la empresa inmobiliaria buscó demolerlos, pero logramos detenerlos y 2019 hablamos con la inmobiliaria, firmando un acuerdo para llamar a concurso para construir el Museo de la Ciudad”, relató.